Crece el pedido de investigación en el caso de Ángela Geraldine Hernández

Santiago. El caso de Ángela Geraldine Hernández ha generado una fuerte reacción entre familiares, allegados y usuarios en redes sociales, luego de que sus parientes solicitaran a las autoridades una investigación completa para esclarecer lo ocurrido durante un procedimiento estético practicado en un centro de salud de Santiago. La familia insiste en que se determinen responsabilidades y se establezca con claridad qué ocurrió antes, durante y después de la intervención.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por sus familiares, la joven se sometió a una liposucción en la clínica Diosa Los Jardines, un establecimiento que desde entonces ha quedado bajo el foco de la opinión pública y de las autoridades sanitarias. Desde que se conoció el caso, los parientes de Ángela Geraldine Hernández han reiterado que esperan respuestas concretas y acciones firmes por parte de los organismos correspondientes.

El padre de la joven fue una de las voces familiares que habló públicamente para exigir que el proceso sea llevado hasta las últimas consecuencias. En sus declaraciones, expresó que su principal interés es que la situación sea aclarada sin omitir detalles y que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se aplique la ley conforme a lo establecido.

Según explicó el progenitor, la familia desea que este caso no quede sin respuestas y que se determine si en el proceso hubo fallas, omisiones o actuaciones fuera de los protocolos establecidos. Sus palabras reflejaron el dolor y la preocupación de los parientes, quienes aseguran que seguirán insistiendo hasta obtener un informe concluyente.

Los allegados de Ángela Geraldine Hernández también han señalado que existen muchas dudas alrededor del procedimiento estético y de las personas que habrían estado involucradas en la coordinación de la intervención. Entre los señalamientos realizados por la familia figura el nombre del doctor Polanco, a quien vinculan directamente con el proceso médico y con una supuesta estructura dedicada a captar pacientes interesadas en cirugías estéticas.

De acuerdo con la versión ofrecida por familiares, a varias personas se les prometía que serían trasladadas a Santo Domingo para someterse a este tipo de procedimientos, pero posteriormente las operaciones se realizaban en otro lugar distinto al inicialmente indicado. Esa situación ha sido presentada por los deudos como uno de los elementos que debe ser investigado a profundidad.

Dentro de los testimonios divulgados también se menciona a Carys Peña, señalada por familiares como una persona que supuestamente servía de enlace entre pacientes y la estructura señalada. Según los relatos, ella mantenía contacto con Ángela Geraldine Hernández incluso en momentos previos a la intervención, cuando ya se encontraba dentro del área médica donde sería atendida.

Un familiar directo indicó que la noticia sobre la delicada situación de la joven no fue comunicada oficialmente por el centro médico, sino por otra persona que se encontraba con ella. Esa versión, según explicaron, quedó reflejada en un video que habría sido obtenido por su equipo de redacción, y ha incrementado las dudas sobre el manejo del caso dentro del establecimiento.

Nuevos detalles que circulan en medios y redes sociales, aunque aún pendientes de confirmación oficial, ubican a Carys Peña en el Centro de Masajes Alenny, en el sector La Otra Banda. Según estas versiones, era la persona que convencía a las pacientes de que serían operadas en Santo Domingo, aunque luego el procedimiento terminaba realizándose en el Centro de Masajes La Diosa, lo que ahora forma parte de los cuestionamientos de la familia.

Por otro lado, la hermana de Ángela Geraldine Hernández aseguró que el mismo día de la cirugía le preguntó directamente quién sería la especialista encargada del procedimiento. Según relató, la respuesta que recibió fue que se trataba de una profesional identificada como Cindy Jiménez, de nacionalidad cubana. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron contradicciones que han impedido establecer con total claridad quién realizó finalmente la intervención.

La misma hermana declaró que anteriormente ya le había advertido a Ángela Geraldine Hernández que tuviera precaución y reconsiderara su decisión. En sus palabras, dijo haberle recomendado que no se operara con determinada persona, lo que ahora cobra relevancia dentro de las indagatorias familiares y mediáticas sobre el caso.

Hasta el momento, uno de los puntos centrales de la investigación es precisamente determinar si la intervención fue realizada por el doctor Polanco o por la doctora Cindy Jiménez, ya que los familiares sostienen que todavía no existe una versión definitiva y transparente sobre ese aspecto. Esa falta de claridad ha sido uno de los elementos que más preocupación ha generado entre quienes siguen el caso.

Informaciones difundidas por medios que han dado seguimiento al tema indican que la paciente habría pagado alrededor de 340 mil pesos por el procedimiento estético. Para la familia, ese dato también resulta relevante dentro del expediente, ya que consideran que ayuda a reconstruir la forma en que se coordinó todo el proceso y quiénes participaron en la captación y preparación previa.

Una prima de la joven denunció públicamente que la familia se siente engañada y pidió que las autoridades actúen con firmeza. Aseguró que en redes sociales se han difundido mensajes que, a su entender, no reflejan lo sucedido, mientras que los deudos mantienen su reclamo de justicia y transparencia.

La familiar también sostuvo que Ángela Geraldine Hernández llegó a enviar una fotografía en la que aparecía marcada para la operación por la doctora Cindy Jiménez. Además, indicó que, tras presentarse la situación, desde el centro se habría solicitado dinero adicional para una pinta de sangre, un dato que también ha sido mencionado como parte de los elementos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Los parientes informaron que se mantienen a la espera de los resultados oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ya que consideran que ese documento será clave para formalizar las acciones legales correspondientes contra las personas que entienden estarían vinculadas al caso. La familia ha insistido en que agotará todos los mecanismos legales necesarios para buscar respuestas.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la situación administrativa del centro donde se realizó el procedimiento. Familiares de Ángela Geraldine Hernández cuestionaron públicamente quiénes son los verdaderos propietarios del establecimiento y bajo qué condiciones estaba operando. Según explicaron, han conocido informes que indican que el lugar únicamente estaría habilitado para consultas, no para cirugías.

Sobre ese punto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atalah, indicó que la clínica no contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos y que, además, habría incumplido los protocolos sanitarios requeridos para este tipo de intervenciones. Esa declaración ha añadido un componente institucional de gran peso al caso, debido a que abre la puerta a posibles sanciones administrativas y legales.

En medio del debate público, también ha circulado un video en redes sociales en el que se observa a Ángela Geraldine Hernández firmando documentos previos al procedimiento. En ese material audiovisual, una empleada le explica parte del contenido del documento, incluyendo una expresión que ha sido ampliamente comentada por el tono en que se presenta la responsabilidad posterior al proceso.

Mientras continúan las investigaciones, el caso ha provocado preocupación entre muchas personas que siguen de cerca los temas de cirugía estética en República Dominicana, especialmente por la importancia de verificar permisos, credenciales médicas, condiciones del centro y cumplimiento de los protocolos sanitarios antes de someterse a cualquier procedimiento.

La familia de Ángela Geraldine Hernández ha dejado claro que su principal objetivo es que las autoridades actúen con total transparencia, que se esclarezcan los hechos y que se establezcan responsabilidades conforme a la ley. Insisten en que este caso debe servir para revisar con mayor rigor el funcionamiento de los centros que ofrecen servicios estéticos, con el fin de evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

Las autoridades, por su parte, han señalado que el proceso investigativo sigue en curso y que, si se comprueban irregularidades médicas, administrativas o sanitarias, los involucrados deberán responder ante la justicia dominicana conforme a lo que establece la normativa vigente.