Mujer acude a las autoridades por situación con su expareja en Baní

Baní, Peravia. Una mujer residente en el municipio de Baní hizo pública una delicada denuncia contra su expareja, a quien señala de mantener un comportamiento de acoso constante pese a existir una orden de alejamiento emitida por la justicia. El caso ha comenzado a generar preocupación en la comunidad, debido a que, según su testimonio, la situación no solo afecta su tranquilidad personal, sino también la estabilidad emocional de su hija menor.

La denunciante fue identificada como Crismelin González, quien aseguró que desde hace un tiempo viene enfrentando episodios reiterados de hostigamiento por parte de Rafi Saldaña, conocido en la zona como “Rafi Car Wash”. De acuerdo con su relato, la relación entre ambos terminó, pero desde entonces el conflicto no habría cesado, a pesar de las medidas legales que supuestamente fueron dictadas para protegerla.

Según explicó González, la situación se ha vuelto especialmente difícil porque su rutina diaria la obliga a exponerse en espacios públicos, ya que se dedica a la venta de jugos en las calles. Esto, afirma, facilita que su expareja la ubique con frecuencia, provocando encuentros no deseados en los que, de acuerdo con su versión, recibe expresiones ofensivas, intimidaciones verbales y acciones que alteran su paz.

La mujer sostiene que el problema ha escalado al punto de generarle un estado permanente de preocupación, no solo por su integridad, sino también por la de su hija, una niña nacida de la relación que ambos mantuvieron en el pasado. Según indicó, la menor nació de manera prematura y presenta una condición de salud que hace todavía más sensible el entorno en el que debe desarrollarse.

En su denuncia pública, Crismelin González indicó que uno de los aspectos que más le inquieta es que, presuntamente, el hombre estaría incumpliendo de manera reiterada la orden de alejamiento dispuesta a su favor. Esta situación, de ser confirmada por las autoridades competentes, pondría en evidencia serias dificultades en el cumplimiento efectivo de las medidas de protección que buscan resguardar a personas en contextos de conflicto o violencia.

Además del presunto acoso verbal, la denunciante expresó que también ha recibido amenazas relacionadas con la posible difusión de imágenes íntimas, lo que agrega una dimensión aún más delicada al caso. Este tipo de señalamiento genera alarma, debido a las implicaciones emocionales, familiares y sociales que puede tener para una persona que ya se encuentra en una situación vulnerable.

La mujer explicó que la tensión constante ha terminado repercutiendo en la vida cotidiana de ambas, afectando su estabilidad y provocando un ambiente de incertidumbre. En ese sentido, manifestó que la pequeña también ha comenzado a resentir emocionalmente lo que ocurre a su alrededor, lo que incrementa la preocupación de la madre sobre las consecuencias que esta situación podría dejar en su desarrollo.

Con evidente angustia, Crismelin González hizo un llamado urgente para que su denuncia sea tomada con la seriedad que considera necesaria. En sus declaraciones, dejó claro que teme que el caso continúe agravándose si no se produce una intervención más firme por parte de las instituciones correspondientes. Su mensaje, cargado de preocupación, refleja la sensación de desprotección que muchas veces expresan mujeres que, aun contando con una disposición judicial a su favor, aseguran seguir enfrentando episodios de asedio.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa una realidad que preocupa en distintos puntos del país: el desafío que representa garantizar que las medidas de protección no queden solo en el papel, sino que puedan ejecutarse de forma efectiva. Cuando una persona denuncia acoso, hostigamiento o amenazas tras el fin de una relación, la rapidez en la actuación institucional resulta clave para evitar que la situación siga creciendo.

En comunidades como Baní, donde los entornos cotidianos suelen ser cercanos y los encuentros en la vía pública son frecuentes, el cumplimiento de estas disposiciones legales cobra aún mayor relevancia. Para la denunciante, poder trabajar, desplazarse y cuidar de su hija sin temor debería ser una garantía básica, especialmente después de haber acudido a la justicia.

La exposición pública del caso ha generado reacciones entre ciudadanos que consideran importante reforzar la protección a mujeres y menores en contextos similares. Más allá de los detalles particulares, la situación de Crismelin González ha despertado atención por tratarse de una denuncia que involucra presunto acoso persistente, una orden judicial y la presencia de una niña en medio del conflicto.

Finalmente, la mujer reiteró su llamado a las autoridades para que se respete la medida de alejamiento y se adopten acciones que permitan restablecer la tranquilidad en su vida y en la de su hija. Su denuncia se suma a otras voces que reclaman seguimiento real, prevención y respuesta oportuna ante situaciones que afectan la seguridad y la estabilidad de muchas familias dominicanas.